La Academia moderna es fuente de investigación, innovación, conocimiento y un espacio para la generación de discusión y debates informados; con esta reflexión, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL, María Elena Romero, dio la bienvenida a un diálogo basado en datos concretos, en el que no se dio cabida a la incertidumbre y, en el que participaron como panelistas el director del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL, CIEC, José Gabriel Castillo; los docentes de Economía, Cristina Yoong y Gustavo Solórzano; y la profesora de Derecho, Katherine Rosero.
El objetivo de este conversatorio, al que asistieron numerosos estudiantes, profesores y directivos de la comunidad politécnica el pasado 18 de octubre, fue intercambiar criterios y esclarecer con datos concretos las recientes reformas económicas nacionales desde cuatro ejes: aranceles, subsidios a la gasolina, impuesto a la salida de divisas y el contexto legal subyacente.
Como preámbulo al análisis crítico y académico, los estudiantes de la carrera de Economía, Jandry Sandoya y Emily Pinzón, presentaron las cifras que nos dejó el paro nacional que ocurrió durante 11 días en Ecuador, que representó pérdidas económicas de 2300 millones de dólares en el sector productivo. Asimismo, presentaron un recuento de los daños y perjuicios, con su repercusión económica y humana, tomando como fuentes al Ministerio de Gobierno y a la Defensoría del Pueblo.
Ya en el panel, el director del CIEC, José Gabriel Castillo, analizó el tema de los subsidios en el país desde el punto de vista económico, respaldado en cifras y antecedentes de la situación económica nacional, que según dijo han llevado al Ecuador a la necesidad ineludible de hablar del tema de los ajustes fiscales.
Explicó que en el contexto de una economía como la nuestra, con altos niveles de riesgo y acumulación de deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo dispuesto a firmar una carta de intención con metas basadas en una receta a partir de variables sobre las cuales el gobierno sí tiene poder de decisión, como es el caso de los subsidios.
Sobre este tema, destacó que como país somos vulnerables a las fluctuaciones del precio del barril del petróleo; y en una situación en la cual su precio está a la baja, en relación a las proyecciones, sería procedente la eliminación de subsidios. Sin embargo, resaltó que se deben discutir temas como la inflación, la especulación, la focalización de estos subsidios o cómo establecer un mecanismo de compensación adecuado. “(…) Pensar que al duplicarse el costo de un insumo productivo -en este caso, del combustible- se tiene que duplicar el precio final de un producto es absurdo; y la única forma en la que eso suceda es porque se especula”.
José Gabriel Castillo continuó su ponencia con un diagnóstico respecto a las recientes medidas económicas: “Cualquier ajuste para reducir el déficit fiscal es necesariamente recesivo al menos en el corto plazo. Esos son los platos rotos que tenemos que pagar por habernos pasado pensando que éramos Suiza durante algunos años”. Recomendó buscar ajustes que tengan menor impacto en el corto plazo, pero un efecto multiplicador en el largo plazo; asumiendo costos políticos con medidas que pueden llegar a ser impopulares. Resaltó que “si la población no está informada y no entiende el costo de este proceso, lo único que estamos haciendo es pateando la pelota para tres años adelante y tendremos otra vez este mismo escenario”.
El docente de Economía, Gustavo Solórzano, dirigió su intervención hacia el impacto que pueden tener las propuestas de la política económica en el flujo de divisas y en el mercado laboral ecuatoriano. En su análisis con respecto al Impuesto de Salida de Divisas (ISD), tributo que se encuentra actualmente en tercer lugar entre los que más fondos recaudan en el país, indicó que aunque busca mejorar la economía del Estado, al evitar la fuga de capitales, no cumple su objetivo por dos factores: convierte al país en poco atractivo para los inversionistas y genera inseguridad en ellos sobre lo que pasará con el impuesto posteriormente, ya que éste empezó con una tasa impositiva del 0.5% en 2007 y ascendió al 5% desde 2011.
“Los impuestos a la salida se convierten en impuestos a la entrada”, aseveró el analista, al indicar que si los inversionistas ven la mala situación económica del país, “con una situación fiscal que no mejora, con una balanza de pagos que tiene problemas, y ante la tentación de que a alguien se le ocurra la idea de no bajar este impuesto y, en cambio, subirlo; muchas personas optan por sacar su dinero ahora (…)”.
Además, se refirió a la rigidez laboral como un problema a nivel macroeconómico, debido a que la situación económica no es constante y dijo, en este sentido, que las leyes laborales no permiten que se dé un ajuste.
La docente de Economía, Cristina Yoong, centró su exposición en el impacto de las reformas en el comercio exterior. Vio la reducción arancelaria como positiva al disminuir las distorsiones en los consumidores y productores. “Estas 259 subpartidas arancelarias donde se ha propuesto reducir el arancel no afectan negativamente porque no son productos que compiten localmente y no se vería afectada la oferta local de bienes”, afirmó.
Además, puntualizó que podría hacerse una revisión de los sectores prioritarios que estaban incluidos en el cambio de la matriz productiva y de todas las normas arancelarias en esos productos. “Se pueden tener más beneficios al reducir las barreras”, expresó Yoong.
En otro tema, destacó como positiva la reducción arancelaria respecto a dispositivos electrónicos, con miras a la construcción de un Ecuador digital. La propuesta incluye reducir a cero los aranceles en subpartidas para importación de ordenadores portátiles, computadoras de escritorio, tablets y smartphones. “Esto ayudará también a reducir un poco el tema del contrabando al no haber un incentivo para estas operaciones”, mencionó.
Por su parte, la profesora de derecho, Katherine Rosero, expuso sobre el contexto legal de las medidas gubernamentales. Estableció la diferencia en el trámite legislativo que deben seguir las reformas que pueden ser aprobadas por el Ejecutivo con base en la Constitución de la República, y las que deben pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Mencionó que en cuanto a las reformas laborales, “se debe tener presente que la ley no es retroactiva, pero sí se aplica a la contratación de nuevos servidores”.
Dentro de las intervenciones del público presente, que se sumó al debate, los panelistas fueron consultados sobre su visión acerca de recurrir al FMI y si existían otras alternativas; el docente Gustavo Solórzano hizo un recuento sobre los orígenes de esta entidad luego de la segunda guerra mundial y aclaró el rol que cumple actualmente para abrir puertas de financiamiento con otras entidades. “El FMI era un prestamista para evitar el desequilibrio externo cuando un país corregía su desequilibrio interno (…) pero a partir de los años 80 pasó a ser como un gran asesor de finanzas para los países en problemas. Ellos, el FMI, no son grandes prestamistas; el Banco Mundial y el BID ponen más plata. El FMI le dice al mundo si un país está haciendo las reformas adecuadas (…)”.
A esta pregunta, José Gabriel Castillo agregó que los ajustes eran necesarios, independientemente de si participaba el FMI. “(…) Tenían que hacerse con o sin el Fondo Monetario Internacional; no se habían hecho por muchas razones, una de esas es por los costos políticos que están detrás, en temas tan sensibles como son los subsidios”. Dijo, además, que las medidas económicas planteadas son quizás las más acertadas que se han podido tomar después de la dolarización, pero que hubo errores en la forma de comunicar el mensaje.
Otra de las consultas del público estuvo relacionada al comercio internacional; en particular sobre los beneficios de impulsar más acuerdos comerciales entre el país y otras naciones. Cristina Yoong resaltó que los tratados comerciales generan pérdidas en el corto plazo, pero que en el largo plazo las ganancias benefician a todo el país, con efectos que van más allá del comercio. “Toda decisión económica implica un costo y en el corto plazo habrá algunos sectores afectados; ahí entra el gobierno para darles la mano, porque si se lo hace bien ya se sabe cuáles son los sectores que van salir perjudicados (…)”. “En mi opinión, ya debería estarse pensando en un tratado comercial con Estados Unidos, porque gran parte de nuestras exportaciones se van hacia allá y los procesos de desgravación que incorporan estos tratados no son de un día para otro”, puntualizó.
Finalmente, Gustavo Solórzano respondió interrogantes respecto a la dolarización y si ésta peligra por el déficit del sector público. Explicó muy gráficamente que la dolarización no puede caerse “como si fuera un jarrón que se rompe”, pese a que es una preocupación muy extendida; dijo que para que se abandone ese modelo debe reformarse la ley. “(…) Solo si eventualmente pudiéramos llegar a una recesión tan enorme que como sociedad dijéramos que el beneficio de usar nuevamente la política monetaria fuera suficientemente grande como para pagar el costo de ya no estar dolarizados, entraría en juego una decisión política de reformar las leyes y salir de la dolarización (…)”.
